dic 01
        

Rehabilitación de edificiosEl Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy jueves, ha aprobado subvenciones por un importe total de 10.238.621 euros para financiar actuaciones en ocho Áreas de Rehabilitación Integral en municipios de Burgos, Salamanca, Valladolid y Zamora. Con estas ayudas se recuperarán 1.617 viviendas y se reurbanizarán espacios públicos y equipamientos urbanos.

Las entidades destinatarias son los ayuntamientos de Castrojeriz y Melgar de Fernamental, en Burgos; los de Béjar, Lagunilla, Mogarraz y Peñaranda de Bracamonte, en Salamanca; el Ayuntamiento de Villanueva de Duero, en Valladolid, y el Ayuntamiento de Micereces de Tera, en Zamora, según informaron a Europa Press fuentes de la Administración regional.

La inversión global en estas ocho actuaciones es cercana a los 38 millones de euros que serán financiados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, el Ministerio de Fomento, los ayuntamientos y los particulares.

Para la provincia de Burgos, el Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención de 2.700.000 euros para dos ARIs en las localidades de Castrojeriz y Melgar de Fernamental, que supondrán la rehabilitación de unas 400 viviendas.

El Ayuntamiento de Castrojeriz recibirá 1.350.000 euros con los que se intervendrá en 200 viviendas unifamiliares, solventando deficiencias en estructura, cubiertas, fachadas, funcionalidad y habitabilidad. Por otro lado, se reurbanizará el casco histórico, renovando infraestructuras, pavimentando y creando nuevos aparcamientos.

Fuente: Europa Press

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jun 06
        
AGUICAMP lleva realizados más de 700 informes de Inspección Técnica de Viviendas en Castilla y León

AGUICAMP lleva realizados más de 700 informes de Inspección Técnica de Viviendas en Castilla y León

La inspección técnica de edificios (ITE), obligatoria por ley para los bloques y naves con más de cuarenta años de antigüedad, no termina de cuajar. Solo 154 de las 9.881 construcciones que tienen que someterse a este análisis en la capital han presentado la documentación al Ayuntamiento de Valladolid. El pasado año fueron 19 y hasta la fecha del presente ejercicio se han formalizado en la oficina municipal otras 135.

Ha sido a raíz de la publicación de un bando de Alcaldía, el pasado mes de febrero, cuando los afectados por esta norma han comenzado a contratar con las empresas especializadas estos diagnósticos de pago, con los que se pretende garantizar la seguridad y salubridad de los inmuebles más veteranos de la ciudad. Hasta entonces, y a pesar de los esfuerzos por divulgar esta norma, el cumplimiento ha sido testimonial.

En las revisiones, que deben ser realizadas por profesionales colegiados (arquitectos, ingenieros o aparejadores), es obligatorio, como mínimo, analizar el estado de la planta baja del inmueble, del bajo rasante, todo el bajo cubierta y del 60% del resto del edificio, con el objetivo de detectar posibles deficiencias que pongan en riesgo la salubridad de los residentes o la seguridad tanto portal afuera como en el interior. El Consistorio está dando un plazo de tres o cuatro meses a las comunidades que ya han presentado la ITE y no han aprobado el examen para que acometan la obra. Si se constata que están realizando las reparaciones, se espera hasta que culmine para lograr el informe positivo a la Concejalía de Urbanismo.

La escasa respuesta ciudadana también ha activado a las Administraciones. Por un lado, la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha una línea de ayudas por las que los propietarios de inmuebles que tengan que pasar por obligación esta ITV urbanística podrán optar a subvenciones que cubran el 30% de los honorarios del profesional que firme el informe, con un límite máximo de 600 euros.

Por otro, el Ayuntamiento de Valladolid modificaba el pasado mes de mayo la norma municipal en un doble sentido. Primero, respondía a una demanda vecinal para permitir que cuando varias comunidades de vecinos compartan una misma estructura edificada puedan presentar por separado la documentación de la inspección, una petición solicitada por barrios con casas molineras como Girón o San Pedro Regalado. De esta manera no hay riesgo de multa para los propietarios que sí hagan la ITE de su parte. No obstante, hasta que todos los dueños de ese conjunto no revisen su zona no se podrá completar la inspección del edificio en cuestión.

Además, el Ayuntamiento ha incrementado las sanciones económicas por no realizar este análisis obligatorio. Así, la cuantía ha pasado de una primera horquilla que oscilaba entre los 1.000 a los 10.000 euros a otra que prevé multas entre los 10.000 y los 300.000. Fuentes municipales esperan que de aquí a final de año, cuando vence el plazo para que estos 9.881 edificios y naves afronten la inspección, lleguen en aluvión. A partir de entonces, comenzarían a abrirse expedientes a las comunidades que no hayan cumplido con la ley.

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Fuente: Norte de Castilla

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may 31
        

Puntos de mayor actividad sísmica en Castilla y León

Puntos de mayor actividad sísmica en Castilla y León

13.065 edificios de Castilla y León se encuentran en un estado «ruinoso» y, por tanto, en «riesgo» ante un seísmo, según un estudio elaborado por LDC, una empresa dedicada a la administración de comunidades de vecinos. El informe contabiliza 979.403 inmuebles en la Comunidad. Además, sostiene que en España existen 10.779.844, de los que están en ruina 118.493, informa Ical.

En Castilla y León 25.587 se encuentran en mal estado, 96.892 en situación deficiente y 843.863 presenta buen estado. Ávila cuenta 1.363 edificios en ruina; Burgos, con 2.358; León, con 2.256; Palencia, 932; Salamanca, 1.885; Segovia, 1.209; Soria, 1.041; Valladolid, 1.210; y Zamora, con 811,25. Las provincias de España con menor número de edificios en estado ruinoso son Melilla y Ceuta.

Zamora es la provincia con más actividad sísmica de Castilla y León, y ha llegado a registrar movimientos de tierra de una magnitud de 5,2 grados en la escala Richter. La cercanía con Portugal, situado sobre una zona de especial movimiento de las placas tectónicas, confiere a Zamora esa especial tendencia a registrar terremotos en su territorio, sobre todo en la zona de Villalcampo, Videmala, Muelas del Pan o la comarca sanabresa.
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Todos los edificios de Castilla y León de más de 40 años están obligados a pasar la Inspección Técnica de la Edificación (ITE), para garantizar las condiciones estructurales, de seguridad y habitabilidad de los inmuebles. Si no está seguro de que su inmueble la haya pasado póngase en contacto con un técnico competente en la materia.

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may 27
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AGUICAMP lleva realizados más de 700 informes de Inspección Técnica de Viviendas en Castilla y León

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La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado la convocatoria de las subvenciones destinadas a la segunda fase del Área de Rehabilitación Integral (ARI) del Barrio de la Rondilla, en concreto de los polígonos ’18 de Julio’ y ‘XXV Años de Paz’, que incluye 48 comunidades de vecinos y 570 viviendas.

Las viviendas englobadas en la segunda fase del ARI son las ubicadas en distintos números de las calles Amor de Dios, Paseo del Cauce, Olmo, Avenida de Palencia, Pinzones y Portillo de Balboa en el caso de ‘XXV Años de Paz’ así como Fontiveros, Fundaciones, Meditaciones, Místicos, Moradas, Portillo de Balboa, San Juan de la Cruz y Tirso de Molina en el ’18 de Julio’.

Después de que en la primera convocatoria se rehabilitarán 41 edificios y 482 viviendas, la segunda, de forma análoga a la anterior, persigue objetivos como conseguir una mayor eficiencia energética de los edificios para reducir los gastos de calefacción de las viviendas, mejorar la accesibilidad de los edificios mediante la colocación de un ascensor que llegue a cada una de las plantas y mantener la homogeneidad de los polígonos y, al mismo tiempo, conseguir una mayor luminosidad y modernidad del entorno.

ARI La Rondilla (Valladolid)Las ayudas pueden llegar hasta 15.500 euros por vivienda y en esta nueva convocatoria las novedades se centran en la posibilidad de solicitar un préstamo de hasta 6.250 euros a un tipo de interés inferior a los de mercado; la inclusión dentro de las actuaciones a subvencionar el certificado y el informe de la ITE o inspección técnica de los edificios que, por otro lado deben superar de forma satisfactoria por mandato legal y con independencia del ARI o las mejoras procedimentales respecto a la convocatoria anterior.

En este punto, se amplía a tres meses (hasta el 3 de septiembre) el plazo de solicitud de las ayudas, con posibilidad de presentación telemática de la misma así como el plazo de presentación de los proyectos de rehabilitación hasta dos meses y se establece el uso del SMS en las notificaciones.

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Más info en: Ayuntamiento de Valladolid

Presencial

En la sede de VIVA en la Plaza de la Rinconada nº 5 de Valladolid o en cualquiera de en los lugares establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Telemática

Igualmente, las solicitudes se podrán presentar de forma telemática a través del registro electrónico del Ayuntamiento de Valladolid

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may 18
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Inspección Técnica de Edificios (ITE)

AGUICAMP lleva realizados más de 700 informes de Inspección Técnica de Viviendas en Castilla y León

Desconsoladas por la crisis de los casi tres últimos años, las constructoras van clamando ante quienes les quieren escuchar que su supervivencia en los próximos años pasa por la rehabilitación de edificios y su promoción. La crisis ha dejado la promoción residencial en coma y amenaza ahora con la inanición a la obra pública. El salón Construmat, que abrió ayer sus puertas, da buena fe de ello: un controlado número de expositores y volcada en reparar y modernizar edificios. De ahí que le fuera bien la llegada de la secretaria de Estado de Vivienda, Beatriz Corredor, quien anunció que todos los edificios de más de 40 años de antigüedad deberán superar una inspección técnica. Una cada quince años.

La nueva obligación tendrá su base en la Ley de Sostenibilidad del Medio Urbano que prepara el Gobierno. Obligará a todas las comunidades autónomas a implantarla “queremos que sea una inspección generalizada”, dijo , si bien Corredor subrayó ayer que dará margen a cada Ejecutivo autonómico para implantarla. La mitad del parque español de viviendas tiene más de treinta años.

Corredor quiere poner unos mimbres comunes para conseguir generalizar la inspección técnica de edificios (ITE). Esta, además, llevará aparejado un informe sobre “las obras o recomendaciones que son necesarias para ahorrar energía en la vivienda”. Corredor puso como ejemplo que una inversión de 3.500 euros para instalar ventanas de doble cristal o cambiar el tipo de energía puede repercutir en un ahorro energético de tal magnitud que la inversión estará amortizada en cinco o seis años.

Más allá de sus resultados para el usuario, la ITE servirá para dinamizar el sector, junto a otra medida aprobada en abril por el Consejo de Ministros: la deducción fiscal para aquellos contribuyentes que hagan reformas en sus hogares.

En la Comunidad de Castilla y León actualmente existen ayudas de hasta 600 euros para la realización de la ITE.

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Fuente: Publico.es

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may 06
        
AGUICAMP lleva realizados más de 700 informes de Inspección Técnica de Viviendas en Castilla y León

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Los propietarios de inmuebles que tengan que pasar por obligación la Inspección Técnica de Edificios podrán optar a subvenciones que cubran el 30% de los honorarios del profesional que firme el informe, con un límite máximo de 600 euros.
La Consejería de Fomento publicó ayer en el Boletín Oficial de Castilla y León las bases que regirán la resolución de estas ayudas, nuevas en materia de vivienda y que persiguen «incentivar la realización de la inspección técnica de edificios de viviendas, a fin de que el patrimonio inmobiliario residencial de Castilla y León se encuentre en óptimas condiciones de uso y habitabilidad».
La inspección técnica de edificios empezará a aplicarse a los edificios que cumplan 40 años de su terminación o de una rehabilitación integral. Debe hacerse en los doce meses siguientes a ese aniversario y luego, cada diez años.
La ayuda económica cubre parcialmente el coste de este examen al inmueble. En concreto, la subvención se destina a pagar hasta el 30% de importe de la factura del técnico que efectúe el reconocimiento del inmueble, excluida la parte correspondiente al IVA. Las bases de Fomento reflejan que solo podrá ser objeto de ayuda pública una única inspección por edificio de viviendas y siempre que el inmueble esté ubicado en una localidad en la que sea obligatoria pasarla.
Castilla y León cuenta con 294.140 viviendas que superan los 40 años de antigüedad en municipios urbanos, de más de 20.000 habitantes o de menor población, pero que disponen de plan general de ordenación urbana, que entran en el perfil de inmuebles obligados a pasar la inspección oficial que garantice que cumplen unos requisitos mínimos de seguridad y habitabilidad.
Los solicitantes de la nueva subvención, que pueden ser comunidades de vecinos y particulares propietarios de viviendas unifamiliares, deberán justificar con facturas, certificado del profesional e informe del ayuntamiento, que han superado la ITV de edificios.
El examen del estado del inmueble debe ser encargado por los dueños a técnicos competentes en materia de construcción, que expedirán un certificado junto con un informe en el que describirá el resultado de la inspección. Los propietarios deben presentar en su ayuntamiento una copia de ambos documentos. Los ayuntamientos podrán requerir que se haga esa inspección y dar un plazo de tres meses a los dueños de los inmuebles. Si no lo hacen, la administración municipal puede pasar la ‘ITV’ al inmueble y pasar los gastos a los propietarios.
Las bases establecen un plazo máximo de seis meses para que la Administración notifique la ayuda y se acoge al silencio administrativo negativo -también recogió su aplicación hace unos días en las ayudas de excedencia para cuidado de hijo que convoca ahora Economía y Empleo- que implica que, si la consejería no contesta, desestima la petición de ayuda. Este criterio es contrario a las directivas europeas y a la Ley de Derechos de los Ciudadanos ante la Administración aprobada esta legislatura por las Cortes de Castilla y León. Esta norma establece que los administrados tienen derecho a recibir resoluciones «expresas» y que solo «razones imperiosas de interés general» pueden justificar que la no contestación implique la desestimación de la solicitud.
La normativa que regula la ‘ITV’ de edificios es autonómica, pero son los ayuntamientos los que tiene que hacerla efectiva. El de Valladolid cuenta con una instrucción sobre la inspección; León, Salamanca y Ávila, de ordenanzas municipales; Segovia tiene un Plan Especial de Áreas Históricas y Zamora ha dictado un bando.

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mar 30
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La Junta de Castilla y León sufragará el 30% del coste de la Inspección Técnica de Viviendas en toda la comunidad, donde se pueden ver afectados un total de 294.140 inmuebles, que son los que están contabilizados con más de 40 años de antigüedad en municipios con más de 20.000 habitantes o que, sin llegar a esa población, tienen su propio Plan de Ordenación Urbana.
Así lo anunció en Zamora el consejero de Fomento en una jornada sobre Inspección Técnica y Rehabilitación de Edificios que están recorriendo todas las capitales de Castilla y León y que finalizará en Valladolid el próximo 4 de mayo. Estas jornadas están dirigidas a los profesionales y técnicos del sector de la construcción para impulsar este tipo de inspecciones y rehabilitaciones y dar a conocer las últimas novedades normativas y beneficios fiscales de las mismas.
En este último apartado, el consejero de Fomento indicó que la Junta ha puesto en marcha un incentivo fiscal asociado a este tipo de inspecciones que bonifica las obras en inmuebles de más de 30 años para garantizar su conservación antes de la revisión obligatoria a los 40 que supone una reducción en el IRPF del 15% de la cantidad abonada a la empresa que efectúe el trabajo, con un máximo de 10.000 euros por ciudadano.
En el caso de Zamora, la cifra de edificios con estas características asciende a 18.172, repartidos entre Zamora capital, Toro y Benavente. La inspección y rehabilitación de los edificios se plantea como un instrumento “para continuar haciendo ciudad, recuperar el patrimonio arquitectónico, estimular en estos momentos de dificultad económica la actividad productiva del sector de la construcción y, lo más importante, generar actividad y empleo derivados de las actuaciones propias de la edificación”, enumeró el consejero.
Por otra parte, el consejero señaló que Zamora es la primera provincia de la comunidad en cuanto a declaración y ejecución de áreas de rehabilitación integral con 19 actuaciones. El desarrollo de estas áreas de rehabilitación tiene como objetivo “recuperar barrios y conjuntos de viviendas mediante actuaciones integrales de acondicionamiento de edificios y viviendas y de entornos urbanos”. Benavente, Casaseca de Campeán, Castroverde de Campos, Coreses, Fermoselle, Ferreruela, Malva, Micereces de Tera, Montamarta, Moraleja de Sayago, Rabanales, Rábano de Aliste-San Mamed, Roelos, Salce, Toro, Villalazán, Villalobos y en la capital las viviendas de la Obra Sindical del Hogar son las zonas en las que se están actuando, con la rehabilitación de 2.401 viviendas y una inversión global de cerca de 49 millones de euros.

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