nov 23
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El Gobierno ha anunciado que el acceso a Internet a un mega de velocidad será un servicio universal en enero de 2011. La Ley General de Telecomunicaciones define como servicio universal el que se garantiza para todos los usuarios finales con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio asequible. Para cumplir con esta promesa, el Ministerio de Industria deberá introducir el acceso a Internet en el vigente catálogo de servicios universales que incluye la telefonía, los servicios de guías de números de abonado y las cabinas de teléfonos, entre otros.

El anuncio se suma a los realizados en otros países. Es más ambicioso que el de Francia, pero menos que el de Reino Unido o Finlandia, que tras un primer paso el año próximo pretende garantizar 100 megas en 2015. La iniciativa es positiva y ha sido celebrada por los internautas porque, de entrada, reconoce el derecho a la población que no tiene cobertura de Internet a exigirla. Y eso, en un país cuya oferta de banda ancha es más lenta y cara que la de muchos otros vecinos europeos.

Internet es una herramienta vital para el desarrollo económico y social. Una nación moderna no puede permitirse que se ahonde la brecha digital doméstica, algo que obviamente no se combate únicamente desplegando infraestructura. También se necesita difundir una cultura de usos digitales. Pero, desde luego, lo primero es una condición necesaria.

La promesa podría haber sido más osada. Tal y como evolucionan los usos de Internet, dentro de un año una velocidad de un mega puede resultar demasiado pobre. Falta, además, conocer las velocidades de subida y bajada de archivos que se obtendrán realmente y su precio para el consumidor. Y falta ver cómo se conducirá el proceso de implantación. Las operadoras se han opuesto a que el Gobierno lance compromisos a su costa y que salen gratis a la autoridad que los anuncia. La normativa europea deja escoger entre que la factura se pague con fondos públicos o que se distribuya entre los operadores el coste de implantación de un servicio universal. Administración y operadoras deberán buscar una fórmula que no penalice la capacidad inversora de éstas. Pero lo más importante es que, en la fecha anunciada, la posibilidad de conectarse a Internet sea un derecho exigible y no una promesa bienintencionada.

Fuente: El País (Opinión)

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nov 20
        

Pedro Luis Romero, en su intervención en el I Congreso Nacional de Hogar Digital, organizado por Asimelec con el apoyo del Ayuntamiento de Gijón, dio a conocer los planes del Ministerio de Industria de integrar las distintas tecnologías que conforman los entornos domésticos digitales a través de la normativa “para garantizar y asegurar el acceso al conocimiento y a la Sociedad de la Información desde los hogares”. Romero señaló que la norma actual, vigente desde hace 10 años, ha cosechado un éxito notable pues ha ejecutado más de 200.000 proyectos.

Según el número de elementos que se incluyan, habrá tres niveles de Hogar Digital (mínimo, medio y superior). Con ello, según Romero “la Administración quiere evitar que cualquier persona que pinte una casa de verde diga que ha construido un hogar digital”.

En cuanto a la nueva ICT, que vera la luz en enero, el borrador unifica la diferencia actual entre telefonía y banda ancha, y mantendrá el concepto de radio y TV. A este respecto, Romero señaló que el borrador actual contempla tomas en todas las estancias de la vivienda y liberaliza la ubicación de la infraestructura de puntos de acceso de las viviendas, respondiendo así a la demanda existente.

Pedro Luis Romero también anunció que la nueva normativa ICT sólo permitirá acometer infraestructuras que potencialmente vayan a ser usadas, entre las cuales se incluye la fibra óptica, y establece un mecanismo de consulta entre proyectistas y operadores. Según esta nueva normativa, la administración pública actuará como arbitro en caso de conflictos.

Por su parte, Concha García, presidenta de CEDOM (Confederación Española de Domótica), y participante también en el Congreso, apuntó que actualmente el 18% del consumo de energía del país se efectúa dentro de los hogares, y cómo la domótica ayuda a controlar y disminuir este consumo. Asimismo, expuso las tecnologías desarrolladas con este objetivo, tales como los mecanismos de detección de presencias para activar luz, calefacción o climatización, o la aparición de dispositivos inteligentes muy novedosos como grifos, que sólo dejan salir agua caliente cuando ya está a una temperatura adecuada, evitando así el derroche.

Fuente: networkworld.es


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